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Taxativo. Así es el discurso de Fausto Spotorno. Limita, circunscribe y reduce el caso de la economía argentina a circunstancias bien determinadas. Y no admite discusión frívola. “La Argentina está en una carrera contra-reloj”, dispara el economista de Orlando Ferreres y Asociados, y advierte: “El Gobierno planteó un programa de reducción gradual del déficit fiscal que fue gradualizándose cada vez más, y además está corriendo contra las necesidades financieras”. La entrevista se inicia con una inquietud acerca del carácter monetario del fenómeno inflacionario argentino.
–Teniendo en cuenta que aquí la inflación es un fenómeno sui generis, como tantas otras cosas en el país, ¿hasta qué punto se podría explicar totalmente desde el aspecto monetario?
–En el fondo, la inflación sigue siendo un fenómeno monetario. No hay inflación en el mercado del trueque, por más sui generis que sea. Entonces, la cuestión es por qué no podemos frenar la emisión monetaria para bajar la inflación. Es cierto que en el lapso de unos pocos meses puede haber algunos otros efectos en materia inflacionaria que no son específicamente monetarios, pero eso se da en el muy corto plazo. Por ejemplo, un empresario que sube los precios porque cree que así va a ganar más dinero, y resulta que después no vende lo que había previsto: durante ese período, el aumento queda registrado, pero luego el empresario del caso tiene que rebajar los precios. Termina siendo un fenómeno aislado.
Fenómeno monetario con origen fiscal
–¿Por qué a los gobiernos argentinos les cuesta tanto frenar la inflación?
–Porque si bien se trata de un fenómeno monetario, la economía local parte de un desequilibrio “madre” que no es monetario sino fiscal. Se trata del Estado, que necesita financiarse. Y el mercado financiero argentino es aún muy pequeño: el Estado no puede volcar localmente sus necesidades crediticias. Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 4% con un mercado financiero que representa entre 60 y 80 puntos de su PBI; en cambio, la Argentina tiene un déficit de 7% con un mercado que –con suerte– llega al 18% de su PBI. Ante el déficit fiscal, el Estado argentino tiene tres opciones de financiamiento: una es la colocación de deuda en el exterior, otra es la emisión de dinero, y la última es la colocación de deuda local. Ahora bien, cualquiera de las tres opciones que se tome termina distorsionando a otro mercado: el desequilibrio fiscal se traslada a las áreas cambiaria, monetaria o financiera… Si se dejan de lado algunos períodos históricos aislados, desde 1860 la Argentina nunca tuvo equilibrio fiscal y siempre sufrió el problema del financiamiento; con el agravante de haber empezado a financiar el déficit con inflación a partir de las décadas de 1930 y 1940, lo que provoca la fuga de capitales e impide el financiamiento interno. La inflación tiene su origen en un problema fiscal que termina trasladándose al sector monetario. En los últimos años, el déficit elevado se agravó con un gasto público elevado y una fuerte presión tributaria. A su vez, un gasto público tan alto termina afectando negativamente al crecimiento económico y al empleo, generando pobreza.
–El déficit contamina toda la economía…
–Así es. Supongamos que el Gobierno decide financiar el déficit únicamente con deuda externa: entran dólares y la moneda local empieza a apreciarse. El tipo de cambio atrasado, en realidad, significa que se está tomando una deuda en dólares que no se sabe si se va a poder pagar; porque se financian salarios, jubilaciones y gastos en pesos que no necesariamente generan dólares para saldar esos compromisos. En cuanto a la alternativa de generar deuda interna, ésta provoca el famoso crowding-out: se desplaza al sector privado del mercado financiero. La tercera opción es la emisión de dinero, que financia el déficit con inflación. Así se explica por qué la Argentina siempre termina tomando deuda o generando inflación.
–¿Por dónde habría que empezar para salir de la doble trampa del gasto público récord y la presión tributaria histórica?
–Veamos qué está haciendo el Gobierno y qué es lo que quizás debería hacerse. El Gobierno apunta bien, en el sentido de que intenta atacar el gasto público en general, pero no había empezado por ahí desde el principio. Es cierto que en su momento eran más urgentes el financiamiento externo y la salida del cepo cambiario, pero el tercer punto tenía que ser el gasto público, que debió postularse como cuestión central de la política económica. No era necesario crear 21 ministerios… Creo que cuando Nicolás Dujovne sustituyó a Alfonso Prat Gay al frente del Ministerio de Hacienda hubo un cambio importante en cuanto a la concepción del problema del gasto público. Pareciera que, inicialmente, para el Gobierno dicha cuestión era más bien un problema de eficiencia del Estado; y eso, aparentemente, cambió a partir de la gestión de Dujovne.
–¿Usted percibió cierto relajamiento en la lucha contra la inflación por parte del Gobierno, tras la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre?
–No creo que el “relajamiento” haya sido en particular respecto de la lucha contra la inflación, sino más bien general: las políticas económicas se volvieron más gradualistas. El programa fue gradual de movida, y cuando se enfrentó con la realidad se puso más y más gradualista cada vez. El Gobierno terminó encontrándose con que si quería bajar mucho la inflación se apreciaba el tipo de cambio o subía la tasa de interés.
Reducir impuestos y cortar regulaciones
Fausto Spotorno encabeza las áreas de research económico y financiero de Orlando Ferreres y Asociados desde el Centro de Estudios Económicos que dirige en la consultora. Durante la crisis cambiaria registrada en la primera quincena de mayo, los analistas económicos identificaron como una de las causas principales de la “corrida” a una controvertida medida tributaria: el impuesto a la renta financiera: “No generó ningún beneficio y dio un mensaje confuso al mercado internacional” concluye Spotorno. “A la hora de decidir inversiones se evalúan muchos factores, y esto influyó negativamente en esa decisión”.
–¿Cuál piensa usted que fue el objetivo del Gobierno con dicha iniciativa?
–Creo que fue un tema meramente político. En la Argentina, la renta financiera ya estaba gravada en muchos aspectos. Mi sensación es que hoy en la Argentina no se deben generar nuevos impuestos sino reducir los que ya existen, en el caso de las personas físicas y sobre todo de las empresas. En el ranking de presión tributaria elaborado por Price Waterhouse Cooper, la Argentina figura en segundo lugar entre 180 países. En los países nórdicos, por ejemplo, se les cobra altos impuestos a las personas pero no a las compañías: allí saben que los ricos son los dueños de las empresas, no las empresas en sí; las empresas solo son máquinas de generar riqueza. En nuestro país, la escasez en la inversión no responde únicamente a una cuestión de ventajas, sino también de recursos: si el Estado se lleva cerca del 45% de los recursos en impuestos, ¿de dónde sacan las empresas el dinero para invertir? Hoy la inversión representa el 21% del PBI. De ese porcentaje, 3,5 o 4 puntos corresponden al Estado y todo el resto al sector privado local o extranjero presente en el país. El aporte extranjero puro no representa más de medio punto del PBI, lo que significa que el esfuerzo inversor lo está haciendo el sector privado local. No existen suficientes recursos para acelerar el proceso de inversión.
–¿A qué sector de la economía estaría apostando el Gobierno y, según su opinión, en cuál habría que poner las fichas para generar un cambio hacia el crecimiento con desarrollo?
–El gran problema del Gobierno es que los sectores que venían creciendo eran aquellos a los que se les había resuelto ciertos problemas: los segmentos Energético, Agropecuario (hoy muy golpeado por la sequía), y el número uno, el de la Construcción. Ahora bien, los recursos necesarios para la inversión se los está llevando el Estado. Esto ocurre por no haber puesto la cuestión del gasto público como tema central del problema económico argentino. Cualquier beneficio que se le dé a una pyme, por ejemplo, es escaso, porque después viene el gobierno provincial, corrige medio punto el impuesto a los Ingresos Brutos –por caso– y tira abajo cualquier beneficio. Hoy tenemos un Estado híper-regulador, metido en todas las operaciones económicas: quien conozca cualquiera de las cadenas de comercialización sabe que hay que estar continuamente aprobando papelitos municipales, provinciales o nacionales. Probablemente, éste debiera ser el punto principal a atacar por parte del Gobierno. Con un gasto público muy alto y difícil de bajar, ¿de dónde se saca el empuje para que la economía crezca? La alternativa es intentar crecer mediante el incremento de la productividad, y una forma de incrementarla es mediante el corte de regulaciones. Eso ayudaría a destrabar el círculo vicioso que implica bajar el gasto público para crecer o crecer para bajar el gasto público.
–¿Para eso se necesitaría una reforma laboral?
–Sí, pero incluso si la reforma laboral tuviera sus límites, aún habría mucho para recortar en materia regulatoria. Es una cuestión de decisión política.