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Para los inversores, la justicia argentina genera desconfianza y la penaliza frente a la seguridad que le brinda la de Nueva York. ¿Pero a cuánto llega esa penalización? En el precio de los activos financieros podría decirse que cerca de 10% de castigo se le carga a los papeles domésticos.
La deuda argentina básicamente se encuentra emitida bajo dos legislaciones que se aplican en casa de incumplimiento de los contratos: la de ley local y la de los Estados Unidos. Con la colección de defaults que tiene la Argentina, la decisión de qué bonos seleccionar, la legislación que los ampara juega un rol importante especialmente entre los inversores extranjeros.
La diferencia entre el valor que se le asigna a la jurisdicción legal se refleja claramente en la cotización de los papeles AL30 y GD30, emitidos bajo el paraguas local y el internacional. En cada oportunidad en que el riesgo país se ubica en altos niveles, hoy cercano a los 1800 puntos, se acentúa la diferencia entre esos bonos. El spread en puntos básicos es de 215 y en el precio es de u$s 31,90 versus u$s 33,50.
En el último canje de la deuda en 2020, el gobierno de Alberto Fernández con la negociación encarada por el ministro Martín Guzmán no hizo distinción alguna al momento de reestructurar los papeles. Tuvieron el mismo destino los emitidos bajo ley local que los de ley Nueva York.
Pero ese gesto oficial estaba basado en que en realidad varios fondos extranjeros tenían papeles bajo ley local y si se aplicaba una mayor quita a ese segmento, iba a fracasar el canje de deuda también en los papeles bajo legislación Nueva York.
El default del 2001 dejó su huella y reflejó la importancia que tienen para los inversores extranjeros la sede judicial de los bonos. Las demandas encaradas por los acreedores en el juzgado de Thomas Griesa tuvieron finalmente éxito aún con la resistencia del gobierno kirchnerista a cerrar un entendimiento. Los embargos llegaron hasta los pagos que se hacían en Estados Unidos.
Tener papeles con legislación Nueva York dio sus beneficios a los acreedores. Los fondos de inversión norteamericanos en primer lugar ya redujeron al mínimo sus tenencias de papeles argentinos. Y se focalizan prácticamente en los títulos con legislación Nueva York, con mayor liquidez.
Récord en el Ciadi
A nivel de las empresas, las dudas sobre el accionar de la justicia argentina se intentan disipar con acuerdos de inversión bilaterales o bien con el paraguas que brinda el CIADI, el tribunal para la resolución de diferencias por inversores extranjeros existente dentro del Banco Mundial.
En la actualidad hay casi 10 demandas presentadas por empresas extranjeras en ese tribunal basadas en pesificaciones, estatizaciones, congelamientos de tarifas y otras.
Argentina, líder en defaults, también encabeza el podio en demandas iniciadas por incumplimientos de contratos en el CIADI, con causas emblemáticas como las de Suez y Vivendi por la estatización de Aguas Argentinas, British Gas y las de Azurix por la concesión de aguas y cloacas en la Provincia de Buenos Aires.
Los temores a una reestructuración de la deuda con un nuevo gobierno desde el 10 de diciembre de 2023 quedan reflejados en el actual nivel de riesgo país. Por ello hoy la Argentina no tiene crédito en el exterior. No es un tema sólo de legislación.